2 abr. 2018

Desaparición, tortura y fosas clandestinas, el país del terror


La cifra de 32 mil 236 personas desaparecidas en México, demuestra que vivimos bajo un régimen de terrorismo de Estado, que se instauró durante el gobierno de Felipe Calderón y se legalizó y consolidó con Enrique Peña Nieto cuando permitieron que las fuerzas armadas salieran a las calles, realizaran actividades reservadas a la policía y violaran sistemáticamente los derechos humanos (daños colaterales fue el concepto acuñado) con el pretexto de “combatir al crimen organizado”. 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), elaboró y presentó el Informe Especial Sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, donde expone, con datos oficiales parciales, los sucesos que abarcan del año 1995 al mes de diciembre de 2016. 

Aunque la desaparición forzada y la localización de fosas clandestinas no es un asunto reciente, pues el país vivió oscuros episodios de represión contra dirigentes sociales, ejecutada por los diferentes cuerpos policiacos durante la llamada “guerra sucia” en la década de los 70 y 80, sí se han convertido, desde hace 12 años, en un problema nacional al incrementarse de manera alarmante los casos de violencia sobre la sociedad civil, situación que motivó a diferentes organismos internacionales a realizar importantes recomendaciones al gobierno mexicano, sobre todo a raíz del asesinato de varias personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Gro. 
 Amnistía Internacional, en mayo de 2014, entregó a Peña Nieto un documento con recomendaciones que incluían la urgente necesidad de castigar las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares; atender todas las quejas ciudadanas y de organismos no gubernamentales que denuncien la práctica de tortura conforme el Protocolo de Estambul; atender y cumplir todas las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre casos de tortura; éstas y otras recomendaciones ya habían sido planteadas al gobierno mexicano, por eso, en el mismo documento, Amnistía Internacional acusa al gobierno de “reacio a asumir claros compromisos públicos sobre derechos humanos”. 
 Vinculada, en algunos casos, a la condenable práctica de desaparición forzada realizada por el Estado mexicano, está la localización de fosas clandestinas en todos los estados del país. 
El Informe denuncia que 6 órganos de procuración de justicia se negaron a proporcionar la información requerida sobre las fosas clandestinas, lo que impide saber con exactitud oficial “el número de entierros ilegales que han sido localizados en territorio nacional, así como la cantidad de cadáveres y/o restos humanos exhumados”. Se hizo necesaria la comparación entre cifras oficiales.
 Los estados reportaron 855 fosas y 1548 cadáveres, mientras que las investigaciones de la CNDH dieron como resultado la existencia de 1143 fosas y 3230 cadáveres. En tan dolorosa tarea, señala el Informe se “ha documentado -que en muchas ocasiones la búsqueda y localización de fosas clandestinas es realizada por miembros de la sociedad civil, quienes en su labor incansable por encontrar a sus seres queridos y ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, se ven obligados a hacer lo que en principio le corresponde a la autoridad… con los riesgos a su integridad que ello implica…logrando encontrar hasta ahora un número considerable de entierros ilegales, lo cual, previo los dictámenes genéticos respectivos, deben llevar a ubicar a cientos de víctimas de desaparición”. 
Con respecto a la desaparición forzada, también algunas autoridades federales y locales, además de obstaculizar las investigaciones, no proporcionaron la información solicitada por la CNDH para actualizar el Informe. Fueron omisos los titulares de los órganos de procuración de justicia de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala. 
Al sumar los reportes por un periodo de 20 años “se desprende 57,861 registros de personas reportadas como desaparecidas o personas que por causas distintas a la comisión de un delito su ubicación es desconocida” (Informe de la CNDH). Tortura y desaparición van de la mano y son pocos los casos de ciudadanos torturados que viven para contarlo. En las últimas horas, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio (CoVic) de Nochixtlán, Oax., ha denunciado –por enésima ocasión sin obtener justicia- que su representante, el profesor Santiago Ambrosio, sufrió un nuevo atentado contra su vida al ser “encontrado en su cuarto, amarrado de pies, manos y boca, presentando golpes en todo su cuerpo, con signos de tortura, con cortes en espalda y brazo”. 
(Boletín de Prensa de la CoVic, 1/abril/2018). 
Todo lo descrito es reflejo del laberinto en el que se encuentra perdido el sistema de justicia, copado por funcionarios corruptos y grupos extrajudiciales que actúan por consigna del partido y de la clase en el poder para no reconocer que en México, desde la “guerra sucia”, se legalizó la desaparición forzada, la tortura, la inmunidad y la impunidad para no llevar a la cárcel a torturadores y asesinos de disidentes. La CNDH acusa que existe “un problema estructural dentro del diseño institucional y la operación de las distintas instancias del Estado mexicano, que ha impedido el que se hayan registrado avances concretos y relevantes en su atención”. Corresponde a la sociedad la búsqueda y concreción de la auténtica justicia, a pesar de las autoridades corruptas y sus grupos de matones. 
Ricardo Rojo.
 ricardorojo7819@yahoo.com.mx